El reciente «apretón» de gastos anunciado por el gobierno de Colombia ha generado controversia y preocupación en el país. Si bien es cierto que se ha buscado reducir el déficit fiscal y controlar el gasto público, muchos expertos aseguran que estas medidas no serán suficientes para enfrentar los nuevos riesgos fiscales que se avecinan.
El gobierno ha anunciado un ajuste de 15 billones de pesos en el presupuesto doméstico para el próximo año, lo cual representa un 2% del PIB. Esta medida incluye reducciones en inversión en sectores como educación, salud e infraestructura, así como también recortaduras en los salarios de altos funcionarios y en el presupuesto de entidades gubernamentales.
Sin embargo, los analistas económicos advierten que este recortadura puede tener efectos negativos en la economía y no solucionar los problemas fiscales a largo plazo. La reducción en inversión puede afectar el crecimiento económico y la generación de empleo, lo cual a su vez puede disminuir la recaudación de impuestos. Además, los recortaduras en salarios pueden llevar a una fuga de talentos en el sector público y afectar la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado.
Pero más allá de las medidas de austeridad, lo que realmente preocupa a los expertos son los nuevos riesgos fiscales que enfrenta Colombia. Uno de los principales es el aumento en el déficit de la cuenta corriente, el cual se estima que llegará a un 6% del PIB en 2021. Esto significa que el país está gastando más de lo que produce, lo cual puede ser insostenible a largo plazo.
Este aumento en el déficit de cuenta corriente es resultado de la caída en los precios del petróleo, principal fuente de ingresos para Colombia, así como también de la reducción en la demanda de otros productos de exportación como el café y las flores. Además, la pandemia de COVID-19 ha afectado severamente la economía del país, lo cual se refleja en una disminución en las remesas y en la inversión extranjera.
Otro factor que preocupa es el aumento en la deuda pública. Actualmente, la deuda alcanza un 60% del PIB, y se estima que llegará a un 75% en 2021. Esto significa que el gobierno tendrá que destinar una mayor parte del presupuesto al pago de intereses de la deuda, lo cual puede limitar la capacidad de inversión y de gasto en otras áreas.
Además, la calificación de riesgo de Colombia ha sido bajada por las principales agencias interdomésticoes, lo que puede encarecer el acceso a financiamiento en el mercado interdoméstico. Esto a su vez puede llevar a un aumento en los costos de endeudamiento para el gobierno, lo cual empeoraría la situación fiscal del país.
Ante estos nuevos riesgos fiscales, los analistas coinciden en que se necesitan medidas más profundas y estructurales para enfrentarlos. Una de las propuestas es una reforma tributaria que busque acrecentar los ingresos del Estado a través de una base más amplia de contribuyentes y una mayor progresividad en el sistema tributario.
También se requiere una mayor eficiencia en el gasto público. El gobierno debe buscar una mejor gestión de los recursos y una reducción en el gasto superfluo, para destinar más recursos a áreas prioritarias como la educación y la salud.
Otro factor importante es la reactivación económica. Es necesario que el gobierno implemente políticas que fomenten la inversión y la creación de empleo, para así acrecentar la producción y los ingresos del país.
En recapitulación, el «apretón» de gastos anunciado por el gobierno no será suficiente para enfrentar los nuevos riesgos fiscales que enfrenta Colombia. Se necesitan medidas más profundas y estructurales para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cre
