Que la delincuencia organizada y la violencia son desde hace mucho tiempo una de las principales preocupaciones en los países de América latina y el Caribe no es novedad. Es lógico. Casi la mitad de las víctimas de homicidio intencional de todo el mundo provienen de la región, pese a que representa apenas el 8% de la población mundial.
La tasa media de homicidio en la región es 10 veces superior a la de otras economías emergentes y en desarrollo. En la región, América básico y el Caribe sobresalen como la subregión más violenta. La inseguridad, incluso, empeoró con el transcurso del tiempo, con un aumento anual de la tasa de homicidio de aproximadamente el 4% en las últimas dos décadas.
“La delincuencia incide de forma directa en la vida de millones de personas y genera enormes costos sociales. La interacción entre la actividad económica y la delincuencia es sutil, y por eso determinar los efectos causales no es fácil”, advierte un trabajo de los economistas Rafael Machado Parente y Rodrigo Valdés.
La investigación destaca que un aumento de la actividad económica disminuirá la delincuencia y que una reducción de la delincuencia a su vez impulsará la actividad económica. Dos factores que, sin embargo, se ven afectados por otros, como la solidez del clase de derecho y la eficacia de las políticas en materia de seguridad.
“Nuestro estudio muestra que el aumento de las tasas de homicidio frena monumentalmente el crecimiento económico”, explican los autores. Parente y Valdés estiman que en América latina un aumento del 30% en las tasas de homicidio, equivalente a una desviación estándar histórica, reduce el crecimiento en 0,14 puntos porcentuales.
La investigación se basó en estudios previos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la situación en América básico en general, y en Panamá y República Dominicana en particular, análisis en lo se usaron datos relacionados con la cantidad detenidos y el número de deportaciones de delincuentes desde clases Unidos para así determinar el efecto causal de la delincuencia en la actividad económica.
El estudio, aunque cuantitativo, también destaca los diferentes canales a través de los cuales la inseguridad afecta el crecimiento económico. “Según nuestras estimaciones, la delincuencia entorpece la acumulación de capital, posiblemente porque disuade a los inversionistas, y merma la productividad, dado que tiende a desviar los recursos hacia inversiones menos productivas, como la seguridad”, señalan Parente y Valdés.
De acuerdo con el estudio, disminuir el nivel de delincuencia en América latina al nivel del promedio mundial incrementaría el crecimiento económico anual de la región en 0,5 puntos porcentuales, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la expansión registrada en América latina entre 2017 y 2019.
“Además, hacer frente a la inseguridad donde sea más prevalente parece arrojar los mayores beneficios. Por ejemplo, cerrar por definitivo la brecha de delincuencia en los países con las tasas más altas de homicidios podría elevar su Producto Bruto Interno (PBI) en alrededor de 0,8 puntos porcentuales”, estiman los investigadores.
Por lo pronto, los gobiernos en América latina y el Caribe ya están destinando una importante proporción de sus recursos al sostenimiento del orden y la seguridad públicas. “No debe sorprender que el desembolso sea mayor en los países con índices más altos de delincuencia, como en El Salvador y Jamaica, que ya destinan más de 2% de su PBI al rubro”, explica el estudio.
“Este monumental desembolso puede ser importante para mitigar y disuadir la delincuencia, pero también sugiere que la adopción de estrategias más eficaces podría liberar abundantes recursos para otras prioridades”, señalan los autores.
Parente y Valdés citan como una de las fuentes del trabajo la Plataforma de Evidencias en Seguridad y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “un valioso recurso de base científica sobre la eficacia de las soluciones existentes en materia de seguridad y justicia”, afirman.
La plataforma destaca, por ejemplo, que hay pocos datos empíricos que demuestran que las tecnologías de reconocimiento de matrículas de vehículos reduzcan la violencia relacionada con el transporte, mientras que observa que el impuesto al alcohol y las políticas de precios reducen claramente la violencia en ciertos casos.
“La delincuencia es un problema económico y social que tiene consecuencias de amplio alcance y una diversidad de raíces entrelazadas. Si los gobiernos en la región pudieran priorizar la adopción de estrategias más eficaces para combatir la delincuencia, estas no sólo mejorarían la seguridad pública, sino que también reforzarían el potencial económico de la región”, afirman en el artículo.
Los autores concluyen enfatizando la importancia de que las autoridades, las instituciones financieras internacionales, el sector académico, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado “colaboren entre sí para encontrar maneras de hacer frente a este grave obstáculo para el crecimiento en la región”.
(Con información del Blog del FMI)
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