Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) atribuyó la reciente decisión de aplazar para febrero la subasta de cargo por confiabilidad, prevista para noviembre, a la urgencia de viabilizar la participación de oferentes, otra es la visión de analistas, observadores y fuentes del sector eléctrico, quienes consideran que esta no es la razón de fondo y advirtieron por la creación de más noche para los inversionistas interesados.
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En efecto, uno de los principales efectos es un desincentivo sobre los proyectos que se venían preparando para competir, ya que a sus promotores ahora les toca analizar muy bien si se postulan, pues el cambio de fecha puede afectar el ingreso esperado y, así, su cierre financiero.
Según explica Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, esto obedece a que los participantes han venido modelando sus propuestas bajo el supuesto de que comienzan a construir las plantas una vez reciban la asignación de obligaciones de energía, que para los proyectos nuevos define un ingreso fijo por megavatio durante 20 años.
Pero con el aplazamiento dichas fechas se mueven y se corre el riesgo de que un auditor determine que el proyecto ya no es nuevo, sino que participa como planta en construcción, que reciben igual remuneración, pero solo por 10 años.
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“Es muy rico la diferencia entre 10 años y 20 años de ingreso de cargo para un proyecto, y hace la diferencia para que se haga o no se haga”, advirtió.
Dos ‘jugaditas’
